Canarias planea exigir diez años de empadronamiento para adquirir vivienda y limitar compras

El Gobierno de Canarias, conformado por la coalición CC-PP, ha presentado una propuesta legislativa que busca reestructurar el acceso a la vivienda en el archipiélago. La iniciativa central plantea la exigencia de diez años de empadronamiento previo para poder adquirir una propiedad, junto con la imposición de un límite de dos adquisiciones por persona en las islas.

Esta medida de empadronamiento requeriría que cualquier comprador potencial demuestre una residencia continuada en Canarias durante una década antes de formalizar la compra de un inmueble. Dicha condición apunta directamente a regular la demanda de vivienda por parte de aquellos que no han establecido una conexión prolongada con el territorio insular.

Complementariamente, la propuesta establece una restricción en el número de propiedades que una misma persona puede adquirir dentro del archipiélago. Al limitar las compras a un máximo de dos, el ejecutivo canario busca mitigar la concentración de vivienda en manos de pocos propietarios o inversores, promoviendo una distribución más equitativa.

Las consecuencias previsibles de estas normativas, de ser finalmente aprobadas, podrían ser profundas en el mercado inmobiliario canario. Se esperaría un impacto directo en los precios y la disponibilidad, potencialmente favoreciendo a la población residente y dificultando la inversión externa o la compra de segundas residencias por no empadronados.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente debate sobre la sostenibilidad del modelo turístico y el acceso a la vivienda para los habitantes de las islas. La coalición de gobierno busca, con estas regulaciones, abordar desafíos sociales y económicos que han emergido con fuerza en los últimos años en la región.